El viento del desierto de Caravelí aún arrastra el eco de los disparos que, en junio de 2022, segaron la vida de 14 personas en el cerro Huanaquita (Ático, Arequipa). Cuatro años después de una de las peores masacres perpetradas en un socavón minero en el Perú, las piezas del rompecabezas judicial y comercial finalmente encajan.
Detrás del contingente armado que perpetró la matanza no solo había ambición territorial, la fiscalía descubrió que algunos mineros financiaron la violencia.
El pasado 23 de junio de 2026, la justicia dictó sentencia. Sin embargo, la trama de la empresa Golden Business & Mining S.A.C. (GBUSMIN) y la forma como obtuvo lingotes de oro apenas comienza a salir a la luz pública.
Los financistas de la barbarie
El fallo del Juzgado Penal Colegiado de Camaná —obtenido gracias a los votos de los magistrados Víctor Hernani y David Morales— impuso 12 años de prisión a Norma Zapana Bustinza, Darwin Samaniego Orihuela y otros fueron hallados responsables como coautores de los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego, usurpación agravada en grado de tentativa y homicidio simple consumado.
Para la Fiscalía de Crimen Organizado de Arequipa, liderada por la magistrada Alejandra Cárdenas Ávila, Zapana y Samaniego no eran simples observadores; eran los engranajes logísticos que hicieron viable la masacre de aquel fatídico junio de 2022.
Darwin Samaniego Orihuela, catalogado como el brazo logístico de acuerdo al fallo judicial, su rol consistió en canalizar la compra y suministrar de munición de largo alcance de procedencia estatal para abastecer al brazo armado conocido como “Ático Calpa”.
Norma Zapana Bustinza fue catalogada en la sentencia como la persona que facilitó y suministró vehículos de transporte pesado para trasladar el armamento y equipos de protección de la agrupación de avanzada hacia la zona de conflicto.
A pesar de la contundencia de las condenas de este primer grupo de 22 personas, la decisión judicial estuvo dividida. El tribunal excluyó a un sector de mineros señalados como los autores intelectuales y directores de los ataques. Por esta razón, una fuente judicial confirmó que la fiscal Cárdenas Ávila ha presentado un recurso de apelación para evitar la impunidad de la cúpula directiva.
El juego del gato y el ratón con el fisco
Los problemas para los fundadores de GBUSMIN S.A.C. Samaniego y Zapana —sociedad inscrita en los registros públicos de Arequipa en 2020— van mucho más allá de las celdas donde hoy purgan condena.
La empresa declaró ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) que su zona de explotación minera se encontraba en Ático. Sin embargo, para evitar el cobro de una millonaria deuda coactiva que asciende a S/ 6’596.317, la compañía mudó su domicilio fiscal en 14 oportunidades, rotando direcciones entre las ciudades de Lima, Nasca y Arequipa.
Respecto de Norma Zapana Bustinza se registró ante la SUNAT como persona natural con negocio dedicada a la actividad minera, arrastra una deuda tributaria de S/ 5’507.974. Asimismo, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) reporta que mantiene una deuda de S/ 690.414 con el sistema financiero, catalogada actualmente en estado de “pérdida”.
De igual manera, Darwin Samaniego Orihuela inscribió en registros públicos de Arequipa las sociedades: Minera Fénix del Perú S.R.L.; Empresa Minera Sanqueorco S.R.L.; Transporte Saval de Chala E.I.R.L. y en la ciudad de Huacho en Lima provincias inscribió la empresa de seguridad Big Hill General Services & Projects S.A.C. de esta última, registra como socia a Norma Zapana.
Según los reportes a los que accedió OCR, la SUNAT y el ministerio de Trabajo han reportado que Darwin Samaniego integra la planilla de Analytica Mineral Services S.A.C. desde el año 2018 hasta la actualidad, percibiendo haber mensual de S/ 8.863 en el cargo de operario minero.
La ruta que siguió el oro
El proceso de fiscalización iniciado por la SUNAT indaga la trazabilidad del mineral de alta escala. GBUSMIN S.A.C. habría aprovechado el caos y el descontrol territorial tras la reyerta del 2022 para extraer y fundir lingotes de oro de alta pureza.
Para justificar el origen de este metal ante el fisco, la empresa declaró que el oro provenía de la concesión 'Devoradora 2003'. Sin embargo, según los registros oficiales del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), el titular exclusivo de dicha concesión es la minera INTIGOLD MINING S.A. la cual no autorizó realizar actividad minera alguna.
GBUSMIN S.A.C. comercializó en el 2022 el mineral obtenido ANALYTICA MINERAL SERVICES S.A.C. Los registros de exportaciones suministrados por la SUNAT muestran que esta no realizó exportaciones en los años 2021 al 2024, reportó un despacho en el 2025 y el primer semestre de 2026 registró un estallido comercial de 32 despachos aduaneros valorados en 33’854.278 millones de dólares.
El Observatorio Crímenes y Reputación (OCR) contactó a los principales actores involucrados en esta historia:
La representante legal de Intigold Mining S.A. Rossana Calmet, fue tajante remitió copia de la carta enviada a la SUNAT: “No hemos tenido, ni tenemos relación contractual, ni operacional minera, ni relación de ninguna índole con la empresa GBUSMIN S.A.C. [...] ni con la empresa Analytica Mineral Services S.A.C. en relación a operaciones de extracción de la concesión Devoradora 2003".
Calmet precisó que el único vínculo que mantuvieron con GBUSMIN durante el 2022 se limitó contractualmente a otra concesión minera denominada 'Santiago de Compostela A'. Ante la gravedad de los hechos, Intigold ha solicitado formalmente a la SUNAT las copias del expediente de fiscalización para denunciar penalmente a los representantes de GBUSMIN por robo agravado y minería ilegal.
De otro lado, Analytica Mineral Services S.A.C. remitió un Comunicado en el que señala: “Procesamos mineral nuestro mayoritariamente y también de terceros desarrollando operaciones de compra conforme al marco legal vigente aplicando los procedimientos de debida diligencia y verificación documental exigibles al momento de cada transacción. En ese marco, nuestra empresa mantuvo relación comercial con la empresa Golden Business & Mining S.A.C. hasta el 2023, año en el que se suspendieron dichas relaciones de manera definitiva”. Respecto a la auditoría iniciada por la SUNAT a sus proveedores, evitaron pronunciarse.
Sobre el vínculo societario de Samaniego con Golden Business & Mining S.A.C., Analytica respondió que desconocían la relación corporativa de su trabajador. Sin embargo, aceptaron que mantienen en la planilla de sus trabajadores a Darwin Samaniego Orihuela pero sin goce de haber, porque la legislación laboral establece que debe permanecer hasta que se dé una sentencia firme en el caso que lo involucra.
Al cierre de este reportaje, se buscó de manera reiterada la versión de Enmanuel Sancho, actual gerente de GBUSMIN S.A.C., sin embargo, el directivo optó por mantener el silencio absoluto.
