El proceso electoral presidencial ha quedado marcado por el entorpecimiento logístico y una serie de detenciones que apuntan a lo más alto de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Esta mañana, la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a José Samamé Blas, gerente de Gestión Electoral, por estar incurso en el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.
La detención se produjo luego de que miles de ciudadanos se vieran impedidos de sufragar debido a la ausencia de material electoral en diversas mesas a nivel nacional. Aunque Samamé presentó su renuncia horas antes del arresto en un intento por eximirse de responsabilidad penal, la PNP procedió con la diligencia en la misma sede institucional de la ONPE.
El origen del fallo
De acuerdo con el plan operativo emitido en diciembre de 2025 por la ONPE, la distribución de ánforas, cédulas y equipos informáticos tenía como fecha límite el sábado 11 de abril. La Gerencia de Gestión Electoral, liderada por Samamé, tenía la obligación de advertir y mitigar cualquier retraso antes de que el material fuera entregado a las fuerzas militares y policiales encargadas de la custodia.
Sin embargo, el sistema falló y algo extraño sucedió en la entidad electoral. El retraso impidió que el personal de las Fuerzas Armadas y la PNP recibiera los insumos necesarios para asegurar los centros de votación antes de la jornada del domingo, provocando el cierre o la instalación tardía de miles de mesas de sufragio.
Responsabilidades compartidas
La investigación no solo apunta a la ONPE. El análisis del escenario revela una posible omisión de reporte por parte de los comandos del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la propia PNP, quienes —pese a estar desplegados en los colegios— no habrían informado oportunamente a sus superiores sobre la ausencia del material de votación.
Para blindarse ante las críticas, la PNP emitió un comunicado antes del cierre de las urnas, asegurando haber desplegado a 61.315 efectivos en 10.300 locales. En la misiva, la institución policial lanzó un dardo directo a la organización: advirtieron que la ONPE no contrató suficientes conductores ni estibadores para el traslado de los kits electorales.
Por su parte, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, atribuyó la crisis a un tercero. A través de sus canales oficiales, señaló a la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C. como la responsable de no entregar a tiempo los equipos informáticos y el material a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).
La respuesta de la contratista no se hizo esperar. Mediante un pronunciamiento público, Galaga afirmó haber cumplido “estrictamente” con los Términos de Referencia (TDR) y exigió una rectificación inmediata a la ONPE, alegando que se está utilizando su nombre para encubrir deficiencias administrativas internas o retrasos injustificados que hoy mantienen a un gerente bajo custodia policial.
Al cierre de la presente edición, se conoció que Samamé fue trasladado a la sede del Departamento de Investigación Criminal ubicado en el Cercado de Lima, para luego ser trasladado y sometido a los exámenes de reconocimiento médico legal y finalmente ser trasladado a la sede de la Dircocor ubicada en el distrito de Barranco, donde le han abierto una carpeta fiscal.
Finalmente, se conoció que el Ministerio Público ha solicitado al juzgado penal de turno la detención del jefe de la ONPE Piero Corvetto por complicidad con Samamé en el entorpecimiento del proceso electoral presidencial realizado el domingo último.
