El documento de 82 páginas denominado Caso Tambini que estuvo retenido por varios meses y fue elaborado en la Dirección de Lavado de Activos (Dirila) de la Policía Nacional del Perú, ha sido finalmente derivado al Ministerio Público para que continúen con las indagaciones. No era para menos: el expediente no solo desborda los secretos del operador político Jorge Paredes Terry y sus vínculos con la minería ilegal; también pone bajo la lupa un complejo entramado de blanqueo de capitales que alcanza directamente a la conocida notaria Mónica Tambini Ávila.
La historia, que devela un desbalance detectado por la policía que supera los 14 millones de dólares, cruza las fronteras de los despachos notariales de Lima para internarse en los socavones de La Libertad. Tambini al asociarse con la esposa de Paredes Terry, adquirió derechos como socia de la participación en las concesiones mineras que hoy es la pieza clave del rompecabezas policial.
La reacción ante estos hallazgos no tardó en llegar, aunque nunca de forma directa. Primero fue el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien en un mitin a las puertas de la segunda vuelta electoral acusó a los medios de intentar desprestigiar a sus correligionarios. Luego, la presión escaló: a pocos días de cerrar esta edición, un mensaje con tono amenazante llegó a través de WhatsApp. El objetivo era evidente: acallar la investigación que Caretas y el Observatorio Crímenes y Reputación (OCR) han decidido sostener.
Las concesiones y empresas bajo sospecha
Para desenredar este nudo societario hay que retroceder al año 2019, bajo la gestión del expresidente Martín Vizcarra. En ese entonces, Mayra Vásquez, abogada y esposa de Jorge Paredes Terry, presentó tres solicitudes ante el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet). La fortuna le sonrió: Henry Luna Córdova, entonces presidente de la entidad, le otorgó los derechos mineros de las concesiones Clarisa I, II y III. En total, 1.200 hectáreas en los distritos de Tayabamba y Huayllas, en la provincia de Pataz (La Libertad), una zona donde el oro prolifera a la par de la ilegalidad.
Tres años después, las concesiones encontraron su puente con el sector notarial. Según la partida electrónica (PE) 14977802 de los Registros Públicos de Lima, el 28 de abril de 2022, Mayra Vásquez y la notaría Mónica Tambini fundaron la Compañía Minera Batolito de Pataz S.A.C. ante el notario Francisco Banda, aportando un modesto capital inicial de S/ 10.000 cada una. Sin embargo, los negocios parecen requerir estrategias esquivas: apenas tres meses después, Tambini disolvió y liquidó la sociedad ante la Sunarp.
La separación fue un espejismo. El 22 de junio de 2023, ambas abogadas volvieron a encontrarse, esta vez en el despacho del notario Eduardo Laos de Lama, para resucitar la empresa bajo el mismo nombre: Compañía Minera Batolito de Pataz S.A.C. se inscribió en la PE 15351193. En esta segunda fundación, los activos cambiaron: Tambini aportó S/ 50.000 en bienes de oficina (computadoras y escritorios), mientras que Vásquez transfirió las concesiones mineras Clarisa I, II y III, valorizadas convenientemente en otros S/ 50.000.
La alianza empezó a crujir formalmente, el 28 de febrero de 2025 la Sunat declaró baja de oficio la sociedad y el 9 de marzo de este año, Tambini solicitó ante la Sunarp la inscripción de su renuncia al cargo de gerenta general. El trámite quedó a medias: la renuncia nunca se registró ante la entidad recaudadora y la empresa continúa arrastrando las sombras de sospechas.
¿Por qué la Dirila decidió hurgar en este patrimonio? La respuesta está en las calles. En julio pasado, la policía detectó que Paredes Terry no solo coordinaba y financiaba, sino que instigaba las violentas protestas de mineros informales frente al Congreso de la República, cuyo único fin era exigir la continuidad sin restricciones del cuestionado Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
El auge económico de un clan familiar
En el papel, Jorge Paredes Terry y Mayra Vásquez manejan vidas independientes mediante un régimen de separación de bienes. En la práctica y en las cuentas bancarias, los números no cuadran.
Los agentes de lavado de activos detectaron que Vásquez percibía un sueldo mensual de apenas S/ 1.500 por parte de Joyma Consultores S.A.C. (entre agosto de 2024 y enero de 2025) y asesorías previas para la Compañía Minera Aurífera Chinchupata S.A.C. por S/ 3.450 entre 2019 y 2020. Con esos ingresos, resulta financieramente imposible justificar la compra de tres inmuebles en Lima y otros tres repartidos entre Huánuco y Pucallpa, propiedades valorizadas en millones de soles.
El crecimiento patrimonial de la familia se extiende como mancha de aceite. La policía puso la lupa sobre Yuditti Mallma Zavala, madre de Mayra Vásquez. A su nombre aparecen 16 propiedades en Pucallpa, Huánuco, Junín y Lima. Según el fisco, la suegra de Paredes Terry registra como único ingreso S/ 1.500 mensuales provenientes de un restaurante que está inscrito a su nombre y funciona en Tingo María.
El lobby y las sombras del poder
El rastro documental de la Dirila sumó otro hito en julio de 2023. La notaría de Mónica Tambini tramitó la inscripción de la Empresa Colectiva Qatary Huancute S.A., una firma compuesta por 107 personas —la mayoría residentes en Lima— que nombró a Mayra Vásquez como gerenta general con un sueldo de S/ 7.313 al mes.
Más allá del dinero, esta empresa funcionó como una llave maestra para presionar a mineras formales. Registros oficiales confirman que varios de sus miembros, llevando como asesores a la pareja de esposos Jorge Paredes y Mayra Vásquez, lograron ingresar al Congreso, a los ministerios del Ambiente (Minam) y de Energía y Minas, al Senace y a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. El propósito de las citas colonizar la agenda pública bajo el manto de representar a comunidades campesinas de Ayacucho en disputas contra mineras formales.
A OCR, los agentes de la Dirila les confesaron lo difícil que ha sido armar este rompecabezas. Las presiones políticas caminan por los pasillos: varios policías en retiro e incluso un exministro del Interior han llamado insistentemente para “interesarse” por el contenido del Caso Tambini. Entre las líneas que se reservaron consignar en el documento remitido a la fiscalía, son los vínculos de Mario Vizcarra, Claudio Vanini (esposo de la notaría Mónica Tambini), el excongresista Daniel Salaverry y el conocido como el Rico McPato cuya identidad se negó a revelar, así como las conexiones con el exmandatario se guarda bajo siete llaves.
Al cierre de este informe, OCR buscó los descargos de la notaría Mónica Tambini Ávila, quien precisó: “No tengo ninguna sociedad, ni vínculo comercial con Jorge Paredes Terry a quien he conocido antes que sea esposo de la Dra. Mayra Vásquez, una joven abogada que ha trabajado en el Congreso y que ha hecho varias diligencias como usuaria de la notaría”.
Tambini contó que Vásquez le dijo que tenía algunas concesiones mineras de oro y que no podía pagar los derechos de posesión, por ese motivo le propuso que invierta. “Me dice Mónica mira mi abuela tiene varias concesiones mineras y tierras dónde hay oro y mi mami [Yuditti Mallma] también las tiene y no podemos pagar la concesión, sino pago me las quitan”.
Añadió: “Siempre es bueno diversificar, voy atreverme y voy a invertir con Mayra, ya que vi que las fichas [registrales] efectivamente estaban a nombre de su abuela” y de esta forma decidió constituir la sociedad y ser nombrada como gerenta. Preciso que la empresa nunca funcionó y que la SUNAT la ha dado de baja este año.
También recordó haber tramitado la inscripción de la Empresa Colectiva Qatary Huancute S.A. que está conformada por 107 comuneros, porque los trámites tuvieron varias observaciones en la Sunarp.
Finalmente señaló desconocer la existencia de las relaciones amicales entre los hermanos Martín y Mario Vizcarra con la pareja Paredes-Vásquez.
Al cierre de la edición, la notaría Mónica Tambini remitió copia del correo electrónico que dirigió a su socia Mayra Vásquez para comunicarle que se desvincula de la sociedad y le pide se transfiera las acciones a quien corresponda conforme a Ley o se disuelva y liquide la Compañía Minera Batolito de Pataz S.A.C.
Copublicado: Edición 2750 - Caretas / Junio 11, 2026
Fe de erratas. En la edición impresa de la revista Caretas en la página 30 se consigna lo siguiente:
Dice: Tambini no solo adquirió concesiones mineras de la esposa de Paredes Terry, sino que se asoció con ella para fundar dos compañías que hoy son la pieza clave del rompecabezas policial.
Debe decir: Tambini al asociarse con la esposa de Paredes Terry, adquirió derechos como socia en la participación de las concesiones mineras que, hoy es la pieza clave del rompecabezas policial.
