Una reciente campaña de fiscalización de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) le ha puesto la lupa a un puente dorado. El ente fiscalizador ha detectado inconsistencias en la trazabilidad de la procedencia del oro adquirido por Minera Veta Dorada S.A.C., una sucursal del grupo canadiense Dynacor que destaca como una de las mayores procesadoras y exportadoras de metal precioso en el Perú.
El hilo de la madeja saltó a la luz el pasado 11 de mayo. A través de una carta formal, la Sunat notificó a la compañía Intigold Mining S.A., titular de la concesión minera “Devoradora 2003” en Arequipa, que venía rastreando las operaciones de Minera Veta Dorada S.A.C. entre octubre de 2023 y septiembre de 2024. ¿La razón? Una pequeña empresa llamada Servicios Generales ALISHA D&E E.I.R.L. había declarado ante el fisco que el oro que le vendió a la transnacional canadiense provenía, precisamente, de esa concesión.
Las actividades de fiscalización emprendidas intentan minimizar el informe emitido hace unas semanas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que lanzó una advertencia lapidaria: el auge global en el precio de los metales se ha convertido en el combustible perfecto para la minería ilegal en América Latina, y el Perú lidera este ránking negro. Según el organismo, en el 2025 las exportaciones de oro ilegal en el país alcanzaron un volumen tan descomunal que ya compiten codo a codo con la producción formal.
El maquillaje corporativo de la mina
Para entender cómo opera el negocio, hay que escarbar en el historial de Minera Veta Dorada S.A.C.. La empresa es el brazo operativo de la canadiense Dynacor que constituyó una sucursal en el Perú en 2004. Desde entonces, su estructura ha pasado por una metamorfosis constante: la filial fue absorbida por Minera Tungsteno Málaga del Perú S.A. —compañía que cambió de nombre tres veces desde su fundación— y, aunque fija su dirección legal en Lima, declara que sus plantas operan en Nasca (Ica) y Pallasca (Áncash).
Sin embargo, los registros de la Sunat revelan que la Minera Tungsteno tiene una realidad famélica: la empresa apenas mantiene a cinco trabajadores en planilla y arrastra una deuda coactiva con el Estado peruano de S/ 9’725.128, acumulada entre 2015 y 2024.
Los registros de las autoridades migratorias, registrales y tributarias han permitido identificar un patrón recurrente en este ecosistema de sociedades vinculadas al grupo: Fusión y quiebra estratégica: Las empresas se disuelven justo antes de que el Estado pueda cobrarles. Fachadas cambiantes: Cambios constantes de razones sociales, los mismos gerentes y apoderados se ruletean los cargos, estudios de abogados y notarios, y ejecutivos extranjeros que firman documentos alternando pasaportes. Mudanza de activos: Las valiosas concesiones mineras se transfieren de una empresa a otra dentro del mismo entorno, dejando las deudas tributarias en cascarones vacíos listos para la quiebra.
El caso de Kasybos Minerales S.A.C. ilustra a la perfección este patrón. Constituida en 2013, la empresa adquirió concesiones millonarias de Minera Málaga Santolaya S.A.C. Tras cambiar de nombre dos veces, transfirió los activos a su exgerente Iván Quiroz Núñez y a las compañías Casaden S.A.C. y Compañía Tumipampa S.A.C.
Cuando la Sunat se percató de que Kasybos se declaraba en bancarrota inminente, interpuso una medida cautelar para salvar una deuda tributaria de S/ 31’532.592. Fue en vano. Dos meses después, el 15º Juzgado Comercial de Lima declaró judicialmente la quiebra, ordenó la disolución y firmó el acta de “incobrabilidad” de sus deudas. El dinero se esfumó por una decisión judicial cuestionable.
El circuito se cerró con Compañía Tumipampa S.A.C., una firma que nació en 2009 con un capital irrisorio de S/ 3.000 e incrementó el capital social mediante la capitalización de créditos en el 2013, pero que entre 2012 y 2013 adquirió múltiples concesiones mineras. Para 2016, esta pequeña empresa recibió un espaldarazo internacional: un préstamo de 10 millones de dólares de la firma canadiense Third Eye Capital Corporation, avalado directamente por Dynacor Gold Mines Inc. Finalmente, Tumipampa fue absorbida por Minera Veta Dorada S.A.C.
Pequeños proveedores, deudas gigantes
En el último eslabón de la cadena —donde el oro se extrae de la roca— aparecen los proveedores locales. Empresas de maletín creadas de la noche a la mañana que asumen el riesgo de la extracción ilegal.
Allí figura Servicios Generales ALISHA D&E E.I.R.L., fundada en 2023 en la Sunarp de Arequipa por Fredy Vega De la Cruz. Fijó su dirección en Puquio (Ayacucho) y su supuesta zona de producción en Atico (Arequipa). A los pocos meses de creada, la empresa nombró como gerente a Darlin Tapia Vega. Bajo su gestión, la compañía vendió los alijos de oro a Minera Veta Dorada S.A.C.
Tapia Vega no es un desconocido para los auditores de la Sunat. Como persona natural con negocio dedicada a la minería, acumula deudas coactivas con el tesoro público por S/ 1’709.806. Lejos de frenar sus actividades, en el mismo 2023 fundó otra empresa: Inversiones y Representaciones DARELTAVE E.I.R.L. La Sunat le aplicó una baja de oficio el 30 de enero de este año tras detectar otra deuda coactiva de S/ 1’328.645 entre los periodos 2023 y 2024.
Esta red no solo golpea las arcas del Estado; también despoja a las empresas formales de sus recursos. Buscada por esta alianza periodística de Caretas y OCR, Rossana Calmet, representante legal de Intigold Mining S.A. —la legítima dueña de las tierras de donde se extrajo el oro—, fue tajante y mostró el cargo de la carta notarial enviada a la Sunat.
“No hemos tenido ni tenemos relación contractual, ni operacional minera, ni relación de alguna índole con la empresa Servicios Generales ALISHA D&E E.I.R.L. ni con la empresa Minera Veta Dorada S.A.C.”, sentenció Calmet en su misiva.
La compañía ha solicitado a la Sunat copias certificadas de todo el expediente de fiscalización para iniciar un proceso penal formal por minería ilegal y robo agravado. Asimismo, enviaron un requerimiento notarial a Minera Veta Dorada S.A.C., indicándoles que Intigold es titular de 17 concesiones en la Unidad Económica y Administrativa Calpa desde el año 2009, y que “personas inescrupulosas” han estado clonando y declarando sus zonas de producción para blanquear el oro sucio.
Minera Veta Dorada S.A.C. respondió a través de la jefa de comunicaciones Silvia Cisneros: “que Servicios Generales Alisha D&E E.I.R.L. ha sido calificado por la SUNAT como Sujeto Sin Capacidad Operativa (SSCO), confirmamos que Minera Veta Dorada no ha realizado adquisiciones ni mantenido operaciones comerciales con dicha empresa desde la fecha de esa calificación”.
Cisneros añadió: “no tener conocimiento del conflicto existente entre Servicios Generales Alisha D&E E.I.R.L. e Intigold Mining S.A.C.”. Finalmente, señaló que la empresa cuestionada tiene REINFO vigente y está autorizada para realizar operaciones mineras en la concesión Devoradora 2003 asignada por INGEMMENT a Intigold Mining S.A.C.
También buscó formalmente los descargos de Darlin Tapia Vega de Servicios Generales ALISHA D&E E.I.R.L. hasta el cierre de esta edición, prefirió mantener el silencio.
Copublicado: Edición 2751 - Caretas / Julio 09, 2026
En la Edición Nº 2753 de Julio 22, 2026 - Revista Caretas se cumplió con publicar la Carta Notarial enviada por Minera Veta Dorada y la respuesta.
