El reloj marcó las diez de la mañana del 4 de noviembre, cuando la estudiante de Derecho —a quien llamaremos Valeria para proteger su identidad ante posibles represalias— cruzó la puerta de la sede del Ministerio Público en la cuadra dos de la avenida Santa Rosa, en el Cercado de Lima.
No acudía a redactar una disposición ni a revisar un expediente, sino a testificar ante la Fiscalía Superior del Órgano de Control Institucional. Su declaración acaba de abrir un frente disciplinario contra la magistrada para la que trabajó durante medio año.
Valeria cursa el último año en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Al obtener una plaza en el Programa de Secigra Derecho dentro del Ministerio Público, su expectativa era afianzar sus conocimientos en el ejercicio penal. Fue asignada por sorteo al Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal de San Isidro - Lince, a cargo de la fiscal provincial Evelyne Ramos Mauricio.
Sin embargo, el aprendizaje legal quedó pronto relegado. De acuerdo con el testimonio y las pruebas presentadas ante el órgano de control fiscal, el despacho de Ramos Mauricio se convirtió en un espacio de encargos personales y presiones cotidianas.
Las operaciones bancarias y la alerta de Control Interno
Tras seis meses en el despacho, la practicante presentó un documento formal ante la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Centro para solicitar su reasignación inmediata. En la misiva, advirtió que su salida no respondía a un capricho personal, sino al abuso laboral de su jefa:
“Se sustenta en hechos concretos que comprenden la asignación reiterada de actividades ajenas a la práctica jurídica, la realización de encargos de carácter estrictamente personal […] y solicitudes vinculadas con operaciones de dinero”.
Ese escrito detonó la apertura de una investigación por abuso de autoridad contra la fiscal Ramos Mauricio en el Órgano de Control, donde se indaga el origen y fin de las transacciones monetarias encomendadas a la secigrista.
Consultada por el Observatorio de Crímenes y Reputación (OCR), la estudiante detalló la dinámica de los encargos financieros:
—¿Durante cuántos meses realizaste depósitos en la cuenta de la fiscal Ramos?
—Varios. Eran al menos una vez al mes, aproximadamente. Me entregaba montos en efectivo y me mandaba a depositarlos.
Según Valeria, las sumas variaban en cada ocasión. Durante medio año, acudió a ventanillas y cajeros automáticos del banco Scotiabank para realizar entre uno y dos depósitos mensuales, identificándose con su propio DNI.
Como parte del expediente de 14 páginas que obra en el órgano disciplinario, la denunciante adjuntó fotografías de los vouchers de depósitos realizados los días 4 y 5 de febrero de 2026 por S/ 1000 y S/ 2100, respectivamente, abonados a la cuenta personal de Ramos Mauricio, cuya procedencia de los fondos se desconoce.
De tarjetas de propiedad a clases particulares
El acervo probatorio entregado por la practicante incluye capturas de pantalla de WhatsApp, registros de archivos adjuntos remitidos que exponen el uso del personal para gestiones domésticas.
Una de las capturas se aprecia el número telefónico que utilizó en ese momento la fiscal provincial Evelyne Ramos. A través de este chat, la secigrista le envió cuatro documentos en formato PDF con las tarjetas de propiedad de vehículos particulares que la magistrada le habría ordenado escanear.
OCR para corroborar que el número telefónico es utilizado por la Fiscal Ramos, se procedió a realizar una llamada, nos respondió una persona que no se identificó, señaló el número telefónico corresponde a otro despacho: "Número equivocado [no lo utiliza la fiscal Ramos], es el celular corporativo del Segundo despacho de la Séptima Fiscalía Provincial Penal de Lima" aclaró la interlocutora.
En otra captura aparece otro número celular, al que OCR llamó para confirmar si lo utiliza la fiscal Evelyne Ramos, quien nos respondió e invitó a su despacho para ser entrevistada. A dicho contacto, Valeria le remitió dos archivos denominados: “Clases de matemáticas” y “Fotografías”. La denunciante sostiene que el primer documento correspondía al seguimiento de los pagos efectuados en las clases particulares impartidas a los hijos menores de la fiscal, mientras que el segundo consolidaba los vouchers de los pagos efectuados por ese servicio.
A las pruebas proporcionadas por la Secigrista se suma un video donde se observa el desembarco de tres bolsas negras en la sede fiscal, cuyo contenido se desconoce, mientras la voz de la practicante registra que la orden de la fiscal era trasladar sus pertenencias personales hasta el sexto piso del edificio.
El tono amenazante para someterla
Entre las evidencias presentadas destaca una grabación de audio de 19 minutos. En el material se escucha a la fiscal Ramos instruyendo al personal sobre la distribución del trabajo y exigiendo “apoyo adicional” tanto para su persona de confianza, la fiscal adjunta Nelly Falla Espinoza, como para su propio despacho.
Cuando la practicante manifestó su imposibilidad de acudir a trabajar un día domingo, la magistrada apeló a la evaluación del programa Secigra para condicionar su respuesta: “Advertirle que ante su negativa de brindar apoyo adicional, ello repercutirá en el informe de evaluación. Si no puede venir me dice ahorita y yo la cambio. Pero eso sí, el informe ya sabe que lo tendré en cuenta en los puntos de su capacitación”.
Al cierre de esta edición, OCR se reunió con la fiscal Evelyne Ramos en su Despacho ubicado en la calle Risso en el distrito de Lince. La magistrada se escusó de brindar una declaración por no tener autorización del Fiscal de la Nación para poder declarar. Se tramitó el pedido a través de la Oficina de Comunicaciones del Ministerio Público, respuesta que no se obtuvo hasta el cierre de la presente edición.
